Solomon Asch Center at Bryn Mawr College, Estados Unidos
Recibido 25/08/2015; aceptado 02/09/2015
Introducción [1]
Hace doscientos años Mary Shelley escribía Frankenstein, una novela acerca del joven doctor que abandona todos los límites éticos y toma el imprudente camino de una ciencia desasida de valores y una ambición sin restricciones de conciencia. Trae a la vida un monstruo horrible, hecho de partes de cuerpos recolectadas de mataderos, salas de disección y cementerios. Posteriormente, el doctor se horroriza y se arrepiente de las elecciones realizadas y se esfuerza por minimizar el daño que ha causado.
La situación que enfrenta la American Psychological Association, la organización de psicólogos más grande del mundo, no es tan diferente. Durante más de una década, la conducción de la APA sacrificó la pauta ética de la profesión referida a “no dañar” y, en cambio, abrazó la búsqueda de un mayor poder, influencia y prestigio ofrecidos por la brutal y tortuosa “guerra contra el terrorismo” estadounidense. Ahora, después de años de controversias, evasivas y negaciones, la APA ha comenzado a reflexionar seriamente sobre la devastación producida y el camino hacia la redención.
Cabe hacer notar que en su convención anual de agosto de 2015, en Toronto, el Consejo de Representantes de la APA aprobó por abrumadora mayoría una resolución histórica que incluye tres cambios cruciales de política. Primero, la resolución se opone a cualquier participación de psicólogos en interrogatorios de seguridad nacional. Segundo, la resolución adopta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y el dictamen de representantes de Naciones Unidas y otros cuerpos internacionales sobre la determinación de qué constituye tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes. Y tercero, la resolución también especifica, basándose en el referéndum de miembros de la APA de 2008, que los psicólogos presentes en la Bahía Guantánamo (y otros sitios internacionales similares) están en situación de violación de la política de la APA, a menos que estén trabajando directamente en beneficio de los detenidos o brindando tratamiento al personal militar.
Después de años de obstrucción desde los niveles más altos de la APA, esta resolución resulta un muy significativo avance. Al mismo tiempo, permanece incierto si la conducción de la Asociación perseverará con su nueva agenda de transparencia, responsabilidad y reforma. Para apreciar cabalmente este momento y las participaciones involucradas es importante considerar cómo la APA llegó a este punto y los desafíos que todavía están por delante.
La historia de colusión de la APA
Apoyo a la “Guerra contra el terrorismo”
El inquietante rol de la APA en la larga pesadilla de tortura de los Estados Unidos comenzó en los días inmediatamente posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En aquel tiempo, el vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney ofreció estas siniestras instrucciones a la audiencia nacional de televisión:
También tenemos que trabajar…el lado oscuro, si ustedes quieren. Tenemos que dedicar tiempo en las sombras en el mundo de la inteligencia. Mucho de lo que aquí debe ser hecho tendrá que ser hecho silenciosamente, sin discusión, usando fuentes y métodos que están disponibles en nuestras agencias de inteligencia… Este es el mundo en el que esta gente opera, y entonces será vital para nosotros utilizar cualquier medio a nuestra disposición, básicamente, para alcanzar nuestro objetivo.
Las implicaciones de su mensaje fueron claras y profundamente preocupantes para muchos en el mundo entero. Sin embargo, la conducción de la APA rápidamente tomó medidas para asegurar que la Administración Bush viera a la Asociación como un recurso clave y un socio altamente valioso en las operaciones militares y de inteligencia que resultarían centrales a la nueva “guerra contra el terror”. En este esfuerzo la APA ansiosamente ofreció sus servicios y experiencia a quienes tomaban decisiones en el Departamento de Defensa y en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Pronto se les dio a los psicólogos roles centrales en el desarrollo y la justificación de las llamadas “técnicas mejoradas de interrogatorio” de la Administración Bush. La mera presencia de psicólogos en los brutales interrogatorios llevados a cabo en los “sitios negros” de la CIA y Guantánamo era considerada prueba de que la tortura no estaba ocurriendo puesto que se argumentó que los profesionales de la salud nunca permitirían la imposición intencional de dolor físico severo o el sufrimiento psicológico . Ciertamente, es razonable preguntarse si la Casa Blanca podría haber logrado proseguir su agenda de tortura si la APA hubiera tomado desde el principio una fuerte posición contra la participación de los psicólogos en estas operaciones.
Protección de los psicólogos que hacen daño
Desde ese primer momento en adelante, los influyentes conductores de la APA eligieron un camino que directa o indirectamente brindó apoyo y encubrimiento para el tratamiento inhumano a los detenidos de la guerra contra el terror. Tres breves ejemplos deberían bastar. Primero, en 2002 la APA completó una revisión de muchos años de su código de ética, que incluyó cambios indudablemente bienvenidos por quienes aceptaron los métodos de Cheney de “el lado oscuro”. Por ejemplo, el nuevo código permitió a los psicólogos evadir su responsabilidad alegando que solo “seguían órdenes” –en otras palabras, la desacreditada “defensa de Nüremberg”–. El código actualizado también hizo más laxas las normas relativas a la investigación, facilitando la prescindencia de las protecciones del consentimiento informado. En última instancia, estas revisiones facilitaron la participación de psicólogos en espantosos interrogatorios y experimentos sobre los detenidos.
Segundo, meses después de la aparición de los informes sobre tortura que involucraban a psicólogos en Guantánamo y otros lugares, la conducción de la APA creó en 2005 el Grupo de Trabajo Presidencial sobre la Ética Psicológica y la Seguridad nacional (Presidential Task Force on Psychological Ethics and National Security, PENS). La APA constituyó este grupo de trabajo predominantemente con representantes del ejército de los Estados Unidos y de las agencias de inteligencia, varias de las cuales trabajaban en las cadenas de mando donde los presuntos abusos habían ocurrido. En poco tiempo, este grupo afirmó que era ético para los psicólogos participar en interrogatorios de detenidos y otros roles relacionados, alegando falsamente que su participación servía para mantener estas operaciones “seguras, legales, éticas y eficaces”. Con la injustificada aprobación “de emergencia” del Informe del PENS por parte del Consejo de la APA, ésta se convirtió en la única organización de la salud en apoyar prácticas contrarias a las normas internacionales de derechos humanos.
Y tercero, en 2013, después de una demora de seis años, la Oficina de Ética de la APA bajo la dirección de Stephen Behnke– cerró el expediente de una denuncia que había sido presentada contra el psicólogo John Leso quien trabajaba en Guantánamo. Con este acto, la Oficina afirmó que no había “ninguna causa para actuar” –a pesar de la convincente evidencia de que el Doctor Leso había sido co-autor de un memorandum que recomendaba técnicas de detención e interrogatorio abusivas–. El Doctor Leso estuvo también presente durante algunas sesiones de interrogatorio del detenido Mohammed al-Qahtani, quien fue sometido a casi 20 horas de interrogatorio diarias, fue mantenido en aislamiento sin contacto con otros detenidos, fue frecuentemente encapuchado, fue forzado a usar un sostén de mujer, y fue llevado con correa y forzado a realizar trucos de perro. Más tarde, la jueza Susan Crawford se negó a remitir el caso de al-Qahtani a juicio porque determinó que su interrogatorio corresponde a la definición legal de tortura. Pero la APA se negó incluso a abrir una investigación formal completa de las acciones del Doctor Leso.
Ruptura de la barrera de la evasión y la negación
Durante años, los conductores de APA se rehusaron a considerar seriamente los repetidos llamados a rendir cuentas y a la reforma, realizados por preocupados psicólogos y defensores de los derechos humanos. Prueba de tal menosprecio fue una columna en la revista de la APA, Monitor on Psychology, escrita por el entonces presidente Gerald Koocher, en la cual describió a los críticos de APA como “comentaristas oportunistas disfrazados de eruditos”. El otoño pasado, sin embargo, la marea cambió cuando James Risen, el reportero ganador del premio Pulitzer, publicó Pay Any Price: Greed, Power, and Endless War [Pagar cualquier precio: codicia, poder y guerra eterna]. A través del acceso a cientos de correos electrónicos no revelados previamente que implicaban al personal jerárquico de APA, Risen confirmó que la APA había “trabajado continuamente para proteger a los psicólogos… involucrados en el programa de tortura”.
Incapaz de evadir o frenar las controversias satisfactoriamente, como había hecho tan a menudo en el pasado, en noviembre el Consejo de APA designó de mala gana al ex fiscal David Hoffman y sus colegas del estudio jurídico Sidley Austin para, de modo independiente, examinar las denuncias de que la APA conspiró con el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia en apoyo de las prácticas de detención, interrogatorio y tortura de la Administración Bush. Este pasado julio, justo antes de la convención anual de la APA, los devastadores resultados de la revisión independiente de Hoffman –basada en entrevistas a más de 150 personas y el estudio de más de 50.000 documentos– fueron divulgados. Este extracto del resumen del Informe Hoffman destaca las extensas conclusiones alcanzadas:
Nuestra investigación determinó que funcionarios clave de APA, principalmente el Director de la Oficina de Ética, conjuntamente y apoyado a veces por otros funcionarios de APA, conspiró con importantes funcionarios del Departamento de Defensa [DoD] para aligerar las directrices éticas de alto nivel de APA, y que no limitaran al DoD más que las pautas de interrogatorio del DoD ya existentes. Concluimos que el motivo principal de la APA para hacerlo fue alinear a la APA y congraciarse con el DoD. Había otros dos motivos importantes: crear una buena respuesta de las relaciones públicas y sostener el crecimiento de la psicología sin restricciones en esta área.
También encontramos que en los tres años posteriores a la adopción del informe 2005 del PENS como política de la APA, sus funcionarios se involucraron en un patrón de colaboración secreta con funcionarios de DoD para vencer los esfuerzos del Consejo de Representantes de la APA por introducir resoluciones que habrían prohibido definitivamente a psicólogos participar en interrogatorios en la Bahía de Guantánamo y otros centros de detención estadounidenses en el extranjero.
Para abordar adecuadamente las consecuencias de esta colusión –que involucró a la conducción y la burocracia de la APA durante tantos años– se requerirá un compromiso institucional de amplia base y la involucración de los miembros. Lo que sigue es sólo una lista parcial de los pasos correctivos necesarios y de los obstáculos que quedan por delante.
El futuro incierto de la APA
Asuntos de personal
En la convención del mes pasado, Nadine Kaslow y Susan McDaniel, la presidenta saliente de APA y la presidenta electa respectivamente, confirmaron que el Consejo de APA no tiene planes de instituir más cambios de personal más allá de aquellos ya anunciados. Hasta el momento, el director de la oficina de ética Stephen Behnke, identificado en el Informe Hoffman como el individuo más completamente involucrado en la colusión, ha sido despedido. Otros tres miembros del personal superior también se marchan. El CEO Norman Anderson y el Deputy CEO Michael Honaker [2] se están jubilando más temprano, y la directora de asuntos públicos Rhea Farberman ya ha renunciado. El comunicado de prensa que anuncia las tres partidas alabó a estos individuos y no hizo ninguna mención a sus roles o responsabilidades de supervisión en relación con la colusión de la APA y el Departamento de Defensa.
Otros miembros clave –incluyendo la consejera general de APA Nathalie Gilfoyle y la subdirectora de la oficina de ética Lindsay Childress-Beatty– permanecen en sus puestos a pesar de las graves preocupaciones planteadas en el Informe Hoffman sobre sus acciones. También, otros que figuran de forma prominente en el detallado análisis del Informe incluyendo a Larry James, Gerald Koocher y Ron Levant– continúan en puestos electos en el gobierno de APA. Mientras se respeta el debido proceso, no queda claro si conservar “la vieja guardia” en tales roles de conducción sirve a los mejores intereses de los miembros de la APA y su declarado programa de reforma.
Con respecto a los asuntos de personal, la selección de un nuevo CEO para sustituir a Norman Anderson en enero es obviamente una prueba crítica para la APA. El proceso de identificación de candidatos potenciales, los antecedentes personales y las características que se consideran más importantes y la composición de comités de revisión y de selección son todas oportunidades para la Asociación de demostrar que las prioridades equivocadas del pasado realmente ya no son aprobadas. Más claramente, un CEO que no parece separarse legítimamente de la pasada década de colusión –ni de los peores actores que formaron parte de ello– no puede, siendo realistas, restaurar la confianza y mover a la APA a tierras más altas.
Disculpas y Ejecución
En las últimas semanas, varios líderes de APA han expresado su pesar y han pedido disculpas a los miembros de la Asociación. Pero no han ofrecido ninguna disculpa formal a los muchos detenidos que fueron víctimas directas de las permisivas políticas de ética de la APA –políticas que proporcionaron el apoyo para prácticas de detención y de interrogatorio abusivas–. Cuando fueron cuestionadas sobre esto en la convención, tanto Kaslow como McDaniel parecían incómodas y cautelosas de dar una disculpa oficial, aparentemente preocupadas sobre la probabilidad de potenciales repercusiones legales. Sin embargo, reparaciones simbólicas y materiales son los componentes críticos de la transición de una era a la otra, para una nación o una organización. Contribuciones financieras o un fondo permanente para ayudar en el tratamiento y el apoyo de las víctimas de tortura son algunos de los modos de reconocer de manera significativa el grave y, en algunos casos, permanente daño que las acciones de la APA han causado.
Incluso antes de la nueva resolución del pasado mes, basada en el referéndum de socios de 2008, Guantánamo debería haber sido prohibido a los psicólogos, puesto que los detenidos son retenidos allí en violación al derecho internacional. Tan recientemente como en noviembre pasado, el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura reiteró que el actual encarcelamiento indefinido de detenidos en Guantánamo “constituye en sí una violación de la Convención”. Sin embargo, según un sitio web oficial del gobierno estadounidense, los psicólogos en Guantánamo continúan “proporcionando servicios consultivos para apoyar la detención y las actividades de inteligencia autorizadas por la ley”. Esto representa un desafío directo al compromiso de la APA de hacer cumplir sus prohibiciones y sancionar a los miembros que no cumplan.
Aunque no es técnicamente requerido por la nueva resolución, será importante para la conducción de la APA comunicar rápida, clara y públicamente las nuevas políticas y sus restricciones a las juntas de otorgamiento de licencias y a las asociaciones de psicólogos de los 50 estados americanos. Esto es necesario para facilitar una supervisión más eficaz y el fortalecimiento de la ética de la profesión. Tal como está documentado, el fracaso general de la APA y de las juntas estatales para tomar acciones disciplinarias contra la mala conducta ética en contextos de seguridad nacional cuenta entre las profundas desgracias de la profesión de la década pasada.
Preocupaciones y obstáculos aún más amplios
Más ampliamente, más allá de los detalles concretos de la nueva Resolución, no queda claro si la relación de la APA con el Departamento de Defensa (DoD), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras agencias relacionadas cambiará y cómo. La deferencia indebida a las preferencias y prioridades del gobierno condujeron directamente a la colusión que sacrificó la ética profesional para la conveniencia política. ¿Qué garantías institucionales se pueden poner ahora en marcha para evitar que canales similares de influencia, oportunidades para el engaño estratégico y tentaciones de poder y privilegio triunfen en el futuro?
Un baluarte contra tal retroceso sería un examen exhaustivo e imparcial de la ética psicológica en contextos de seguridad nacional –exactamente lo que el grupo de trabajo PENS fracasó en hacer–. Junto a otros colegas, Jean María Arrigo y yo hemos propuesto un marco tentativo para este fin. Nuestro marco identifica cierto tipo de actividades, lo que llamamos “psicología operativa dirigida a dañar adversarios” [adversarial operational psychology], que creemos que debería estar éticamente prohibidas para los psicólogos en estos contextos. Estas actividades principalmente implican la participación en operaciones que involucran coacción, manipulación, engaño, humillación o asalto. Como recientemente escribimos en un artículo de opinión para Los Angeles Times:
Áreas sustanciales del trabajo militar y de inteligencia entran en conflicto con el compromiso de los psicólogos de no dañar. Nuestra profesión tiene aún que abordar profundos desafíos éticos planteados por operaciones e investigaciones de seguridad nacional donde la intención es provocar daño, o donde las víctimas de la intervención no han consentido, o donde las acciones están fuera del alcance de la supervisión de paneles exteriores de ética. Sin imponer restricciones éticas en estos contextos, los psicólogos arriesgan la pérdida adicional de la confianza pública y la erosión de la ciencia psicológica.
Finalmente, es importante notar que no todos han saludado la nueva Resolución con entusiasmo. El coronel retirado Larry James –quien era el psicólogo jefe en Guantánamo durante el período en el que técnicas abusivas fueron usadas para sacar provecho de las vulnerabilidades de los prisioneros y maximizar sus sentimientos de desorientación e impotencia– emite el único voto negativo. Pero hay indudablemente otros miembros de APA que comparten su aparente punto de vista de que participar en la debilitación de detenidos dentro de límites– es un comportamiento éticamente apropiado para los psicólogos. Además, junto a sus compañeros psicólogos militares Morgan Banks y Debra Dunivin, James está entre aquellos que ahora tratan de desacreditar el Informe Hoffman. Sus esfuerzos representan una advertencia de que el significativo cambio dentro de APA está lejos de ser seguro.
Conclusión
La ética psicológica aborda asuntos de profunda consecuencia. Ellos existen para asegurar que nuestras habilidades y conocimientos especializados no sean usados de modos que violan los principios fundamentales de la profesión, su compromiso con el bienestar humano y la confianza pública de la cual dependemos. También sirven para unirnos como una comunidad comprometida en el trabajo compartido, proporcionando al mismo tiempo la dirección moral y el apoyo colectivo para el psicólogo individual enfrentado con decisiones difíciles o demandas irrazonables. En última instancia, los psicólogos no pueden ser sanadores eficaces, investigadores o profesores sin un código de ética que demanda respeto y responsabilidad.
Durante la década pasada y más, la traición a la ética básica de la profesión por la organización de psicólogos más grande del mundo no ha hecho al mundo más seguro –y ciertamente no ha ayudado a psicólogos dedicados en sus esfuerzos por abordar los muchos males sociales que nos acosan–. Los derechos humanos y el principio de no dañar de la psicología deben ir de la mano. Después de los ataques del 9/11, la APA pudo no haber sido capaz de detener la embestida del gobierno estadounidense hacia la brutalidad, pero no tenía que alimentar a la bestia.
Lamentablemente, demasiados líderes de la APA por demasiado tiempo han priorizado la conveniencia política sobre la protección de los derechos humanos. Esto también debe terminarse. El voto clave del mes pasado sugiere que diferentes voces y prioridades pueden ahora elevarse dentro de APA. Pero hay mucho trabajo por hacer para reparar el daño y asegurar que monstruosidades similares no sean creadas cuando futuras crisis surjan. Hace años, el activista por la paz Daniel Berrigan ofreció esta sencilla guía a una clase de estudiantes secundarios a punto de graduarse en la ciudad de Nueva York: “Know where you stand, and stand there” [3]. Sus palabras merecen ser bien recordadas, ahora y siempre.
