Un grupito de agitadores —unido por el oportunismo y por la más absoluta falta de escrúpulos— está intentando promover un clima de escándalo en torno al proyecto Marginalidad, que me honro en dirigir.
Lo que me preocupa no son las pobres motivaciones de esos aventureros. Sí, en cambio, que, a favor de una posible falta de informaciones, se logre explotar la buena fe y los justificados sentimientos antimperialistas de los estudiantes de Sociología a los que se dirige la campaña.
Es por eso que concurrí a la Segunda Jornada Estudiantil de Ciencias Sociales, que tuvo lugar el 27 del corriente, y pedí hacer uso de la palabra para poner en descubierto el sentido y la magnitud de la maniobra. Lamentablemente, debido al trámite que tuvo la reunión, aguardé por espacio de tres horas sin que, por último, hubiese tiempo suficiente para que yo hablase.
De ahí que recurra a la vía escrita, llevado del respeto que siempre he tenido por la opinión estudiantil y en el deseo de explicar a quienes lo ignoran qué es el proyecto Marginalidad, cómo se gestó, por qué ha vivido en una crisis casi permanente desde su origen y hasta qué punto constituyen una infamia las imputaciones calumniosas que se han echado a rodar.
Se verá así lo arduo que resulta estudiar el problema de la explotación neocolonialista de la mano de obra en el contexto latinoamericano, cuáles son los riesgos de intentarlo y por qué hacerlo es perfectamente congruente con la larga trayectoria de militante antimperialismo de todos los que intervenimos en esta investigación.
El origen del Proyecto
En 1965 se iniciaron conversaciones en Santiago de Chile entre representantes del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), dependiente de la CEPAL, y del Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL), que dirige el sacerdote jesuita Roger Vekemans, acerca de las posibilidades de organizar en diversos países de América Latina un estudio comparativo sobre los problemas de la marginalidad económica y social, entendiendo globalmente por tales la situación miserable de vida y la falta general de participación de amplios sectores de nuestras sociedades. Como primer paso, se decidió constituir un Consejo Asesor integrado por los Profesores Fernando Henrique Cardoso, Florestán Fernández, José A. Silva Michelena, Alessandro Pizzorno, Roger Vekemans, José A. Medina Echavarría y Kalman H. Silvert, que se reunió para analizar la viabilidad de la iniciativa y proceder a estimar el monto aproximado de los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Consiguientemente, durante el resto de ese año y parte de 1966, ILPES y DESAL presentaron solicitudes de financiación ante diversas instituciones, obteniendo respuestas favorables de la Fundación Ford y de UNICEF.
Se reunió entonces nuevamente el Consejo Asesor, que acordó la necesidad de designar un director general del Proyecto, a quien quedaría delegada la preparación del diseño de la investigación y la selección de los tres países a estudiar además de Chile, todo lo cual debería ser después convalidado en una nueva sesión de ese Consejo.
A tal efecto, se votó por unanimidad una terna de candidatos, compuestas por los profs. Florestán Fernández, Fernando Henrique Cardoso y quien suscribe. El prof. Fernández declinó el ofrecimiento, debido a sus compromisos en la Universidad de San Pablo, aunque conservando su cargo de Asesor del proyecto. En cuanto al profesor Cardoso, manifestó que estaba dispuesto a aceptar el nombramiento si se le permitían retener sus funciones como Subdirector de la División Social de ILPES, lo que fue denegado por considerarse necesaria una dedicación full-time. Fue en esas circunstancias que se me contactó por primera vez, invitándome a desempeñar las funciones aludidas. Yo me encontraba a la sazón en la Universidad de California (Berkeley), donde desde 1964 me desempeñaba como profesor visitante en el Departamento de Ciencia Política. Dado que desconocía en absoluto no solo los alcances del Proyecto en trámite sino aún la misma existencia de la iniciativa, pedí tiempo para estudiar el ofrecimiento.
El Proyecto se concreta
En este sentido, se me planteaban dos grandes interrogantes. El primero, se refería al tema. La ambigüedad de su introducción en la literatura latinoamericana hacía que el término marginalidad se prestase a múltiples usos, de los cuales ninguno me parecía satisfactorio.
Sobre todo, discrepaba con las posibles connotaciones funcionalistas del vocablo. O sea que, desde el punto de vista de su problemática, solo me interesaba la investigación si podía estructurar totalmente su objeto, teniendo por única pauta el deseo de las entidades patrocinadoras de analizar distintos aspectos de la pobreza en América Latina. El otro interrogante hacía al grado real de independencia de que gozaría el trabajo en relación a sus auspiciantes, sin cuyo requisito entendía inútil gastar tiempo en emprenderlo. En este sentido, debía descontarse la peligrosidad que revestiría estudiar las diversas formas de explotación de la mano de obra en el contexto de un capitalismo dependiente; y era sólo desde esta perspectiva que a mí me interesaba plantear la investigación.
Por lo tanto, respondí estableciendo una serie de condiciones que constituían las bases sine qua non de mi eventual aceptación del cargo. Tales condiciones fueron las siguientes:
- total libertad académica para conceptualizar íntegramente el difuso problema de la marginalidad y para diseñar la investigación en todas sus partes, determinando desde el marco teórico hasta los métodos y las técnicas de observación a utilizar;
- completa autonomía científica para conducir los trabajos, para seleccionar las áreas a estudiar y para designar por mí mismo —sin interferencias de ningún tipo— a todos los integrantes del equipo de investigación, los cuales debían ser latinoamericanos;
- independencia académica del proyecto respecto a todas las instituciones patrocinantes, de modo que la única autoridad a la que tuviese que responder por la marcha del estudio fuese el Consejo Asesor y esto en sesiones periódicas de carácter público; y
- control de los datos que se obtuviesen los cuales además de ser obviamente anónimos, debían revestir calidad de absolutamente públicos, serían procesados exclusivamente por el equipo de investigación y en ningún caso saldrían de América Latina.
Luego de un detenido examen de estas condiciones, ILPES y DESAL se avinieron finalmente a aceptarlas. Dada la importancia que para mí revestían, y apartándome de lo que suelen ser los usos corrientes en estos casos, pedí que las mismas constasen por escrito. En consecuencia, fueron formalizadas por acta que firmamos el veintiocho de noviembre de 1966, en Santiago de Chile, Fernando Henrique Cardoso, en representación de ILPES; Roger Vekemans, en representación de DESAL; y yo.
Quedaron echadas así las bases operativas de la investigación cuyas actividades dieron comienzo el 1º de enero de 1967, con sede en ILPES (Edificio Naciones Unidas, Santiago, Chile).
Primeros pasos, primeras dificultades
Juntos con las tareas, empezaron las dificultades. La designación de mis colaboradores atendiendo únicamente a su calificación profesional y rechazando cualquier tipo de discriminación ideológica, me valió las primeras críticas informales de imprudencia política. Otro tanto ocurrió con los contactos que fui estableciendo para dar andamiento concreto al estudio. En este sentido, es importante consignar que, en Chile, éste recibió de inmediato el aval de los mismos núcleos intelectuales que denunciaron en su momento él nefasto Plan Camelot. (Me refiero, en especial, a la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, cuyos últimos directores, los profs. Clodomiro Almeyda y Hugo Zemelmann, son a la vez destacados dirigentes del Partido Socialista chileno). En la República Dominicana —país que, junto con Guatemala y Argentina, seleccionó en principio como las restantes áreas de investigación—, conocidos la orientación y los alcances del Proyecto, no solo le brindaron su respaldo la Universidad Nacional de Santo Domingo y la Federación de Estudiantes, sobre cuya valiente militancia antimperialista huelgan los comentarios sino que ofrecieron su cooperación informativa muchos de los comandos civiles que en abril de 1965 enfrentaron la ocupación yanqui. En Guatemala, pese a presiones de la derecha, la investigación fue oficialmente acogida por la Universidad Nacional de San Carlos, a través de su prestigioso Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. En cuanto a la Argentina, expuestos claramente sus propósitos, los trabajos recibieron la conformidad de los dirigentes sindicales y de las mesas directivas de las diversas agrupaciones políticas populares consultadas. (Creo significativo agregar también que algún tiempo después, entrevisté personalmente en Madrid al general Juan Perón y le expuse en detalle los objetivos del proyecto, con los que expresó su pleno acuerdo). En éste, como en los demás casos, fui fiel no sólo al carácter público del proyecto sino a una actitud de respetuosa consulta hacia quienes ejercen la conducción política de muchos de los sectores objetos del estudio.
Las fricciones con las entidades patrocinadoras de la investigación que fueron generando estas y otras gestiones se vieron decididamente agravadas al irse explicitando la perspectiva teórica desde la que planteábamos los trabajos.
El enfoque del tema
Los pocos estudios que se han ocupado de la marginalidad en nuestro continente o han sido hiperempíricos o han partido de un enfoque funcionalista de la cuestión. En ambos casos, el resultado ha sido el mismo: tratar a la marginalidad como un problema individual de integración o adaptación al sistema vigente y no como indicador de profundas deficiencias estructurales de este último. Al fijar tales deficiencias como centro inicial de nuestra reflexión, invertimos de entrada el enfoque corriente del asunto y, en particular, nos alejamos tanto del culturalismo paternalista «a la DESAL» como del economicismo desarrollista «a la CEPAL». De este modo, los marginales no aparecen como sectores desintegrados socialmente a los que es necesario «rescatar» mediante programas de «promoción popular» o de «desarrollo de la comunidad», ni tampoco como candidatos potenciales a una absorción más o menos eficaz por el sistema a través de meras reformas educacionales o sanitarias, ni aún como víctimas circunstanciales de la escasez de viviendas debida a un rápido proceso de urbanización.
Son, en cambio, los trabajadores desocupados y subocupados del campo y de la ciudad —y sus correspondientes núcleos familiares—, víctima de la doble explotación que implica un sistema capitalista y dependiente, en el contexto de un estancamiento crónico. Minifundistas de subsistencia, obrajeros, artesanos en decadencia, peones de cuadrilla, cosecheros, vendedores ambulantes, proletarios andrajosos, en fin, que dan testimonio de las distorsiones de un mercado de trabajo neocolonial cuyo funcionamiento margina a sectores cada vez más considerables de la población.
Las consecuencias de este replanteo del tema son múltiples y no es éste el lugar para desarrollarlas. Baste decir que, desde esta perspectiva, la sedicente preocupación del orden constituido por integrar a los marginales se vuelve una falacia o, en el mejor de los supuestos, una imposibilidad lógica, desde que es ese mismo orden el que constantemente los genere. Así, antes que preguntarse cómo hacer para que se adapten al sistema correspondería indagar cuáles son los mecanismos que han sobreintegrado a los marginales, como lo evidencia el hecho de que no hagan estructura que los oprime y que los niega.
La crisis del Proyecto
Las presiones para que se abandonase esta línea de investigación se fueron multiplicando y tomaron dos formas sucesivas: primero, la atrayente oferta de las generosas y variadas prebendas que adornan la vida de los funcionarios internacionales; después, una serie creciente de trabas para el cumplimiento de nuestras tareas. En tales circunstancias, se hizo evidente la urgencia de llamar a una reunión del Consejo Asesor para forzar un debate público de estas cuestiones, exigir el cumplimiento estricto del Acta del 28 de noviembre de 1966 y obtener su respaldo académico para los trabajos programados. Fue así que convoqué esa reunión para la segunda semana de julio de 1967, en Santiago. Con destino a ella, en el mes de mayo preparamos un borrador de informe general, en el que el lector interesado hallará expuesto los lineamientos básicos de nuestra mencionada perspectiva. (El texto de este informe ha sido recientemente reproducido por CEFYL para la cátedra Sociología Especial: Poder, Estractificación, Alienación).
Las autoridades de ILPES y de DESAL consideraron que el documento era «explosivo» debido a su «abierta orientación antiimperialista y en clara violación de lo pactado originalmente, resolvieron impedir que se reuniese el Consejo Asesor para proceder a un debate público que podía comprometer a las instituciones».
Es así que, de manera totalmente sorpresiva, fui citado el 11 de junio de 1967 a una entrevista con las planas mayores de ambas entidades, donde se me comunicó que ILPES y DESAL habían decidido retirar desde ese mismo momento su apoyo al proyecto, juntos con los fondos provistos por UNICEF a través de ILPES. Al día siguiente, las dos organizaciones cursaban una nota a la Fundación Ford en la que ponían a disposición de ésta el saldo del subsidio oportunamente otorgado al tiempo que solicitaban que les fuera concedidos nuevamente para emprender otra investigación sobre el mismo tema, con un equipo totalmente distinto y, desde luego, con una orientación diferente.
Cabe señalar que, según se supo después, en la primera semana de ese mes de junio habían viajado juntos a Nueva York los representantes de ILPES y de DESAL, Fernando Henrique Cardoso y Roger Vekemans, para entrevistarse con los directivos de la Fundación Ford, acusar la «desviación ideológica» del equipo de Marginalidad, anticipar la medida que adoptarían y combinar una estrategia tendiente a evitar sus eventuales repercusiones desfavorables.
Fue así que ya el 13 de junio, el por entonces flamante asesor en asuntos latinoamericanos de la Fundación Ford, Kalman H. Silvert, se apresuraba a comunicarme su preocupación por el futuro individual de los principales investigadores del proyecto y me proponía que diéramos por terminado el asunto a cambio de una especie de generosísimas indemnizaciones personales que contemplaban dos años de sueldos más gastos de viaje y estadía donde cada uno eligiese. La contundencia de la respuesta que recibió puso término a los «amistosos» afanes del Dr. Silvert y, con ello, al primer movimiento de la Fundación Ford para desligarse del problema.
El carácter eminentemente político de la crisis ocurrida y la arbitrariedad de la conducta de ILPES y de DESAL no dejaban lugar a ambigüedad alguna. Si abrigaban dudas sobre el valor académico de los trabajos, no había nada mejor que permitir la reunión del Consejo Asesor para que los evaluara y los descalificase con una crítica negativa. Si sus reparos se referían al director del proyecto, se hubiera podido intentar apartarlo del cargo, sin afectar al resto del equipo. La forma en que actuaron fue testimonio irrefutable de sus verdaderos objetivos: liquidar de cuajo una determinada línea de investigación, independientemente, de su mérito científico, y subsanar así el error en que habían incurrido al permitir inadvertidamente que se constituyese un grupo de trabajo que no estaba dispuesto a hacer concesiones.
Es por eso que, frente al rechazo de cualquier «arreglo personal» y después de medir las consecuencias perjudiciales que podría tener para su imagen en América Latina una denuncia pública de lo ocurrido, la Fundación Ford resolvió no identificarse con la actitud de ILPES y de DESAL, permitiendo que el equipo Marginalidad continuase la investigación, con una parte considerablemente reducida de los fondos originalmente disponibles, que nos obligaba a reducir los trabajos de campo en Argentina y en Chile y a descartar lisa y llanamente Guatemala y República Dominicana. A pesar de estas serias limitaciones financieras (como dije, ILPES había además retirado el subsidio de UNICEF), consideramos importante completar y profundizar siquiera algunos aspectos del programa inicial, a cuyo fin reiteré las condiciones estipuladas en noviembre de 1966 a la vez que se discutían tanto el nuevo marco institucional en que se desarrollaría el Proyecto, como la reestructuración del Consejo Asesor, dada la vinculación del anterior con ILPES y con DESAL.
En cuanto al marco institucional, el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella aceptó auspiciar los trabajos con las garantías de libertad académica y de autonomía científica a que se ha hecho referencias.
En lo que concierne a los asesores, propuso la designación —que fue acordada— de tres figuras de prestigio internacional reconocido: el Dr. David Apter, profesor de Ciencias Políticas y Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de California (Berkeley); el Dr. Alain Touraine, Director del Laboratorio de Sociología Industrial de la Universidad de París y profesor de Sociología en la Universidad de Nanterre y el Dr. Eric Hobsbawm, profesor de Historia Económica y Social en la Universidad de Londres.
La reiniciación de los trabajos
La nueva situación institucional del Proyecto quedó formalizada en noviembre de 1967, con el traslado de su sede a Buenos Aires.
Entre los días 19 y 24 de ese mismo mes fui invitado a participar en la Conferencia Internacional sobre Ciencia Política organizada por el Consejo de Educación Superior de las Repúblicas Americanas, que tuvo lugar en esta capital.
Consecuente con la actitud pública permanentemente asumida y —frente al disgusto manifiesto de algunos representantes de la Fundación Ford y de la CEPAL, allí presentes— hice uso de la palabra y denuncié ante el medio centenar de delegados de todo el continente que se encontraba reunido, los serios inconvenientes que había debido superar el proyecto hasta ese momento, explicando en detalle todo lo que he expuesto más arriba.
Un año después, tiempo que seguramente se ha considerado suficiente para que se calmasen las aguas, llega una escueta comunicación: por nota del once de noviembre corriente, el Sr. John Nagel, ejecutivo de la Fundación Ford, me informa que esa entidad ha resuelto cancelar definitivamente, a partir del próximo semestre, el subsidio otorgado al proyecto Marginalidad, cualesquiera sean el valor de los trabajos y el pertinente dictamen del Consejo Asesor. (Conviene señalar que este último no solo ha juzgado de manera por demás positiva lo hecho hasta aquí sino que manifestó en su oportunidad a la Fundación Ford que los estudios no podrían quedar normalmente completados antes de fines de 1970).
Por esas ironías de la historia —que no siempre suelen ser casuales—, al cabo de dos años de actividad abierta y pública del Proyecto, nuestros denunciantes recién se atreven a «censurarnos» en el mismo mes en que la Fundación Ford liquida nuestra investigación. La coincidencia es, por lo menos, curiosa.
Para una historia de la infamia
Esta es la sucinta historia del proyecto Marginalidad, testimonio irrefutable de la terquedad con que un grupo de investigadores ha defendido su libertad académica y su autonomía científica, enfrentando a la vez las ofertas y las presiones que con tanta eficacia suelen transformar a un Catón de veinte años en un ganapán servicial de treinta.
Como toda historia transparente, ésta es una historia pública, expuesta en diversas oportunidades verbalmente y por escrito, conocida por todos los que se han interesado por esta investigación que —como ninguna otra— ha estado siempre abierta a cualquier requerimiento. (Andan por ahí algún héroe o heroína de pacotilla que se sienten acreedores a una medalla de guerrilleros porque obtuvieron uno o dos de nuestros cuestionarios: su notable hazaña-consiste en haber robado lo que no se molestaron en pedir. Lo hubieran conseguido de inmediato y mucho más completo, claro con menos emoción. Y cada uno sabe cuáles son las emociones que pueden permitirse).
No era fácil encontrar motivos para criticar este Proyecto ante los estudiantes. Es más: desde los supuestos teóricos del trabajo hasta la trayectoria personal de cada uno de los que en él participan estaban evidenciando que se trata de una de las pocas investigaciones sociológicas de envergadura académica que se está llevando a cabo en América Latina para examinar a nivel empírico, a partir de una conceptualización rigurosamente crítica, los problemas sociales que plantea un desarrollo capitalista dependiente.
Sin embargo, varios intereses iban confluyendo para impulsar el ataque: desde los más despreciables —aventurerismo de prensa amarilla; rencores subalternos de quienes no fueron contratados por el Proyecto; envidias y odios personales; maniobras de algunos turiferarios del imperialismo que procuran desprestigiar a nuestro equipo para prevenir las repercusiones desfavorables que puede provocar su actual liquidación— hasta los que se vinculan a una lucha ideológica permanente y desleal contra la orientación que informa nuestra tarea.
¿Cómo montar entonces un escándalo? Desde luego, conmoviendo oídos ingenuos con el tema de los subsidios. Después me referiré con mayor detalle a este punto. Conviene, no obstante insistir: por algo se hace caso omiso de las circunstancias notoriamente excepcionales que han rodeado a este subsidio en particular y por algo se invoca el asunto precisamente cuando el subsidio acaba de ser cancelado. Pero, aún distorsionado, este argumento no alcanzaba para una denuncia. Como no había otro, se ha acudido lisa y llanamente a la infamia, a un extremo tal que sólo sirve para definir la calaña de estos lamentables y autoerigidos censores.
Voy a recoger algunas de sus calumnias, no para defender a la investigación —que no lo necesita— sino para ilustrar al estudiantado acerca de la catadura moral de quienes pretenden constituirse en sus mentores.
1) En primer lugar, se trata de explotar el «reflejo anti-Camelot». Para ello, no solo se oculta miserablemente que —mientras estos valientes acusadores tenían la prudencia de callarse la boca— las instituciones latinoamericanas y los investigadores ligados a nuestro Proyecto fuimos los primeros en acusar de manera pública al Plan Camelot, sino que por ignorancia o mala fe —o, lo que es peor, por ambas razones a la vez— se tergiversan los verdaderos alcances de ese Plan.
El Plan Camelot era una investigación:
a) organizada por las Fuerzas Armadas de EEUU, ajena a cualquier prioridad científica y fundada en intereses estrictamente militares;
b) ejecutada por profesionales yanquis cuyo único cometido era descubrir núcleos subversivos en la América Latina;
c) basada en encuestas de dimensión nacional, para lo cual se contaba con una financiación inicial del orden de los seis millones de dólares;
d) tendiente a obtener datos de carácter secreto que serían procesados y analizados en EEUU y
e) explícitamente dirigida a reforzar la dominación imperialista en nuestro continente.
En el otro extremo, el proyecto Marginalidad es una investigación:
a) organizada exclusivamente por instituciones científicas latinoamericanas para estudiar un tema por ellas elegido y cuyo carácter prioritario venían señalando las más diversas corrientes de opinión (entidades como CEPAL, DESAL, CEUR, Instituto de Estudios Peruanos, Universidades de México, de Santo Domingo, de San Pablo, de Chile, de Guatemala, de Colombia, etc; sociólogos como Aníbal Quijano, Fernando H. Cardoso, Pablo González Casanova, Florestán Fernández, Rodolfo Stavenhagen, Orlando Fals Borda, José A. Silva Michelena, Julio Cotler, Francisco Weffort, etc., economistas como Aníbal Pinto, Celso Furtado, Andrew Gunder Frank, Zygmundt Slawinski, Osvaldo Sunkel, etc.);
b) ejecutada por profesionales latinoamericanos que intentan conceptualizar y poner en descubierto los diversos mecanismos de explotación de la clase trabajadora que operan en el continente;
c) basadas en distintas técnicas de observación, limitadas a sectores muy reducidos de la población, exploratorias y sólo útiles para la formulación de hipótesis teóricamente significativas, a cuyo fin se cuenta con una financiación total del orden de los ciento cincuenta mil dólares, de los que tan sólo veinte mil están destinados a los trabajadores de campo que se cumplen en Argentina y en Chile;
d) tendiente a obtener datos de carácter absolutamente públicos que son procesados y analizados en América Latina y sobre los cuales el equipo de investigación es el único que ejerce control y
e) explícitamente dirigida a mostrar los efectos negativos de la dominación imperialista sobre el desarrollo de nuestros países. Sin duda, la ignorancia es terreno fértil para la calumnia. Pero en este caso se requiere ser dos veces ignorante: sobre el Plan Camelot y sobre el proyecto de Marginalidad.
2) La segunda serie de infundios pertenece a un capítulo clásico en el repertorio de la infamia: «informantes policiales». Con una bajeza digna de canallas de la peor especie, no se ha vacilado en inventar que algunos de nuestros entrevistados chaqueños fueron detenidos por la policía... debido a la forma en que respondieron a nuestro cuestionario.
Lo francamente aterrador de un recurso de este tipo es que no sólo se trata de una mentira monstruosa y consciente sino que es con el tipo de individuo capaz de propalarla que se construye el fascismo y se fabrican los torturadores y los Mc Carthys. ¿Quién sino un psicópata puede imaginar una falsedad de esta índole y pretender utilizarla como instrumento de lucha ideológica? ¿Quién sino un imbécil puede suponer que la policía necesita de nuestras dispersas trescientas encuestas chaqueñas —todavía ni siquiera procesadas— para organizar su acción? ¿Y quién sino un pobre de espíritu puede tener en tan baja estima al decoro y a la ética profesionales para prestar oídos a afirmaciones semejantes?
3) Es pensando en esto que uno no atina a reírse sino a entristecerse frente a lo que parecería un chiste de infradotados: otra «prueba» de nuestra siniestra maquinación consistiría en que pedimos a los entrevistados chaqueños datos de familiares o amigos que hayan venido a la capital... Como cualquier estudiante de sociología debiera saber, esta es la archi-conocida técnica muestral indirecta que se usa desde hace medio siglo para analizar procesos migratorios: se obtiene información en el lugar de origen para localizar después a los migrantes en el punto de destino y ver cuál ha sido su suerte, cuáles los problemas con que se enfrentó su proyecto de movilidad, etc. Pues bien: la mente enfermiza de nuestros inspirados críticos trata de fabricar la imagen escalofriante de algo así como un intento de lograr «rehenes» bonaerenses de nuestros encuestados chaqueños. Para lo único que sirve esta calumnia es para ilustrar una proposición clásica: «dime cómo piensas y te diré quién eres».
Y hay motivos sobrados de preocupación cuando sujetos capaces de pensar (?) de este modo, no sólo circulan por el país sino que se titulan «izquierdistas» y amigos del pueblo.
4) Puestos a ser astutos, nuestros fiscales han extraído de contexto algunas de las preguntas que utilizamos y las exhiben como nueva evidencia de quién sabe cuántos crímenes. Aquí conviene recordar, ante todo, ciertas normas básicas de investigación que, sorprendentemente, no todos los aspirantes a sociólogos parecen conocer. La primera es que, en un estudio como el nuestro, el investigador es el único que tiene acceso a los datos y compromete su responsabilidad y su honor en garantizar el carácter y anónimo de toda la información que obtiene. En segundo lugar, sólo se dan a conocer totales estadísticos, que tornan imposible aún la identificación indirecta de las personas físicas o jurídicas que se entrevista. Pero con propósito casi didáctico, tomemos una de las preguntas que más aviesamente se ha tratado de explotar: es la que pide al respondente que indique si participó de algún acto o manifestación política en que hubo violencia y, en caso afirmativo, solicita que explique en detalle las circunstancias del hecho... He aquí aparentemente, un modelo policial: (Por lo visto, los organismos de seguridad necesitan que seamos nosotros quienes la formulemos y esto no a una muestra representativa a escala nacional o provincial sino a un grupito de desocupados y de subocupados elegidos por razones puramente teóricas).
Desde luego la maliciosa observación cae por su base ante el secreto y la anonimidad naturales del cuestionario.
Pero avancemos un paso más: ni el sentido de una pregunta puede ser generalmente entendido a nivel del cuestionario mismo ni puede en verdad saberse qué información se está buscando sin conocer las instrucciones que lleva el entrevistador.
En el ejemplo a que me refiero, esta pregunta —junto con otras— procura trascender la superficial —o «inobjetable»— dicotomía participación / no participación políticas, discriminando entre la pasividad de quien nunca intervino en política y la de quien sufrió experiencias negativas que lo indujeron al repliegue.
Un indicador de tales experiencias son, por cierto, situaciones de carácter político en que el entrevistado haya sido víctima de algún tipo de represión. Pero hace a la técnica de un cuestionario eliminar al máximo la ambigüedad posible de las contestaciones: en este caso, una respuesta afirmativa crea dudas acerca de la coincidencia efectiva entre la definición de violencia con que se maneja el encuestado y la implícita en la pregunta. Por eso se instruye al entrevistador para que profundice la contestación pidiendo algunos detalles generales del hecho mencionado, de manera de no confundir después en el análisis distintos tipos de violencia. Casi tan lamentable como tener que explicar cuestiones básicas como ésta es que la calumnia pueda aprovecharse de la escasa formación sociológica de muchos que, de buena fe, le prestan oídos. Y lo más grave es que se deformen de mala fe preguntas como la mencionada, con las que precisamente buscamos poner en descubierto los mecanismos latentes de represión, que inhiben la participación popular a distintos niveles.
5) Claro que cuando hay piedra libre para la indecencia, cualquier patraña es válida. Había que mostrar que sedicentes intelectuales de izquierda eran «pro-burgueses». Esto no se podía hacer a partir de las perspectivas teóricas ni de las hipótesis de nuestro trabajo; se ha apelado entonces a un artilugio infantil. Junto con el cuestionario que aplicamos a trabajadores chaqueños, los denunciantes robaron una carta que dirigimos a establecimientos industriales del Gran Buenos Aires anticipando la visita de nuestros encuestadores. En ésta se dan detalles sobre la investigación y en aquél, no. Conclusión: el Proyecto es discriminatorio porque brinda a los empresarios más informaciones que a los trabajadores...
Adviértase: como el robo fue incompleto estos agudos detractores no poseen la carta similar de presentación exhibida a cada trabajador chaqueño. Pero no es sólo al carácter incompleto del robo que hay que atribuir la mala fe de la imputación: ya en primer año de sociología un estudiante debe saber que el cuestionario es un instrumento que utiliza exclusivamente el encuestador y que no se exhibe ni se entrega al entrevistado. Por eso, ni el cuestionario destinado a los trabajadores ni el destinado a las empresas contienen las explicaciones que, en cambio, incluyen las cartas de presentación dirigidas a las empresas y a los trabajadores.
Y por eso, únicamente a un ignorante o a un ruin puede ocurrírsele el absurdo de intentar comparar una carta de presentación con la carátula de un cuestionario.
La importancia del proyecto Marginalidad
Los hechos son testarudos y es a ellos que me remito. Se han publicado ya un informe general, que plantea globalmente el marco teórico y la estrategia de la investigación (Nun, Marín y Murmis, op. cit.); un detalle de las etapas y de los universos empíricos del trabajo (CIS Informa, 1968); una introducción histórica a las categorías que se utilizan (Laclau, CIS, 1968). Hay media docena de documentos y de comunicaciones en proceso de impresión. Escalonadamente, durante 1969 y 1970, irán apareciendo los distintos resultados de nuestros estudios. Este es y será nuestro aporte; que lo discutan quienes puedan.
Porque lo más notable de nuestros calumniadores y lo que prueba definitivamente la índole de sus móviles y de sus agallas es que no han encontrado argumento para cuestionar una sola de nuestras hipótesis o de nuestras proposiciones teóricas, ni han sido capaces de debatir la validez de uno solo de los distintos aspectos de nuestro enfoque del tema.
A lo único que atinan es a tratar de tejer mentiras distorsionando partes valiosas del estudio.
Desde nuestras épocas de estudiantes veníamos criticando una persistente dicotomía; de un lado, investigaciones metodológicamente rigurosas sobre asuntos de escaso interés o definidos de modo de fortalecer el statu quo; del otro, trabajos metodológicamente deficientes sobre problemas de la mayor importancia y cuyo correcto conocimiento resulta decisivo para transformar la realidad.
A favor de ciertas coyunturas especiales, el proyecto Marginalidad aparece por fin como un decidido intento de adecuación entre la calidad del instrumento y la significación del objeto. Pretende, en efecto, investigar de manera científica ciertos temas «tabú»: la dominación imperialista; la explotación a que están sometidos los sectores más desposeídos de nuestra sociedad; los mecanismos que los sobre-integran al sistema y que consolidan la desigualdad y el privilegio.
Es obvio que este esfuerzo tenía que provocar enconadas reacciones. Por una parte, de las fuerzas del orden que intentan reducir la marginalidad a un problema habitacional o, en el mejor de los casos, de adaptación del individuo a las oportunidades existentes y que por eso sabotearon en forma constante nuestro trabajo hasta dejarnos ahora sin recursos. Por la otra, de quienes se erigen en el mero ala izquierda de esas mismas fuerzas y predican la imposibilidad del conocimiento como norma y la irracionalidad como actitud, revolando sus propias incapacidades y cumpliendo una obvia —y bien recompensada— función latente de preservación de las estructuras que dicen combatir.
La verdad es siempre revolucionaria, hoy tanto hace cien años, y negarse a conocerla es convertirse en abogado del oscurantismo y de la reacción.
En el caso concreto de Argentina, cuya literatura oficial se vanagloria por la inexistencia de marginales, lo que importa es mostrar como desde hace 20 años —después de alcanzarse el grado más alto de integración conocida en América Latina— el estancamiento y la entrega han venido produciendo una dualización creciente que nos aproxima cada vez más a ciertos aspectos de la situación del resto del continente. Pero no es verdad que esa aproximación ni estos aspectos puedan ser conocidos a priori, antes de ser analizados.
La generación de FORJA mostró correctamente el error de la izquierda argentina que era cipaya porque tendía a operar por simple analogía con la situación de otros países subdesarrollados, sin estudiar nuestra realidad concreta.
Este es el cipayismo que hoy reaparece en todo su vigor, encarnados por quienes se llenan la boca hablando del Tercer Mundo, repitiendo fórmulas pensadas en otras latitudes e ignorando minuciosamente las circunstancias nacionales.
Como la historia se repite —aunque sus lecciones no se aprendan— así como el cipayismo de los marxistas dogmáticos se ocultaba tras las citas de hombres como Lenin, que habían analizados sus propios países, el cipayismo de estos tercer-mundistas trata de cobijarse con referencias a hombres como Scalabrini Ortiz, que sólo hablaron de la Argentina después de haberla estudiado.
De ahí que el presente ataque al Proyecto de Marginalidad trascienda las bajas motivaciones personales de muchos de sus impulsores y se inscriba en el contexto de una amplia maniobra de mistificación político-ideológica.
El antimperialismo dependiente
Agotada la etapa de sustitución de importaciones que posibilitó un desordenado proceso de industrialización en el que la estructura agraria oligárquica y los grandes intereses extranjeros coexistieron con un capitalismo vernáculo de pequeñas y medianas empresas, la Argentina ha entrado de lleno en la fase de un neo-capitalismo dependiente, en el que la alianza de aquellos dos sectores principales victimiza cada vez más a los núcleos de estas pequeñas y medianas empresas que no consiguen insertarse en el nuevo esquema.
Oídos burgueses van quedando así disponibles para una cierta prédica nacionalista. Pero el nacionalismo no es bueno en abstracto. Como en el caso de cualquier bandera, depende de quien la empuñe y con qué objetivos. Una cosa es el nacionalismo cubano y otra bien distinta el falangismo.
Hace una veintena de años, cuestiones como la planificación y la reforma agrarias eran bandera para la izquierda y anatema para la derecha. Poco a poco, sin embargo, guiado por sus propias necesidades y reteniendo el poder de iniciativa, el orden constituido se fue adueñando de esos temas. Gracias a su misma debilidad en la elaboración previa de tales asuntos, la izquierda debió pasar a una incómoda defensiva, esforzándose en demostrar —desde una posición desventajosa— que una planificación a la Fondo Monetario Internacional o una reforma agraria a la Betancourt tienen bien poco de progresistas.
Ahora en todas partes empieza a hablarse de la dependencia: en las sesiones de la CEPAL, en los pasillos del BID, en los seminarios del INTAL, en las comisiones de CLACSO, en los editoriales de Clarín, en las páginas de Análisis y de Primera Plana, en las cátedras universitarias depuradas por Onganía y protegidas de visu por la Policía Federal.
Nadie se ha vuelto loco ni ha ocurrido una revolución sin que nos diésemos cuenta. La dependencia de que se habla pone a los malos afuera y a los buenos adentro. Es tanto el tema de la CEPAL como de algunos recientísimos «pensadores» argentinos. La primera clase achaca la mayor parte de los males latinoamericanos a una relación desfavorable en los términos del intercambio —pero no explica que, en los períodos en que tal relación ha sido favorable, los beneficios no se expandieron a todo el sistema sino que fueron apropiados por las minorías dominantes para su exclusivo provecho. Los segundos se limitan a batir el parche con la «contradicción externa» pero no la analizan, no muestran que, mientras en la época de la hegemonía británica el interés metropolitano radicaba en comprarnos barato y vendernos caro por lo que el proteccionismo se oponía a sus designios, en la época de la hegemonía yanqui, el interés metropolitano radica en el desarrollo de las empresas directa o indirectamente subsidiarias instaladas aquí por lo que el proteccionismo no sólo se opone necesariamente a sus designios sino que, al contrario, puede desfavorecerles.
En los dos casos, se apunta a problemas reales. Pero al enfocarlos de manera parcial, no únicamente se deforman las soluciones posibles sino que las que se dan sólo sirven para preservar el statu-quo. Cualquier antiimperialista debiera tener bien aprendido que los malos están afuera y adentro. Por eso, quien induce a la gente a vigilar el frente de la casa mientras el enemigo desvalija cómodamente el interior en complicidad con los caseros, es un mistificador y un instrumento del enemigo y de los caseros.
El pecado imperdonable del proyecto Marginalidad es proponerse revelar los mecanismos internos a través de los cuales opera el neocolonialismo. El estudio no se detiene en una superficial retórica antimperialista; indaga las distorsiones que la dependencia introduce en mercados de trabajo subordinados y trata de explorar las consecuencias del fenómeno a nivel económico, político e ideológico.
Los oídos burgueses que van quedando disponibles para una cierta prédica nacionalista pasan así a condicionar su contenido. Hablar hoy exclusivamente de la contradicción externa es ser un valiente empujador de puertas abiertas. Hacerlo al mismo tiempo que se monta un ataque falaz contra quienes procuran analizar a la vez las contradicciones externas e internas del sistema, es ser un pobre vocero de esos sectores burgueses asustados tanto por la redefinición neocapitalista de la situación como por las perspectivas de un movimiento popular que ataque al privilegio y a la desigualdad en cualquiera de sus formas. Es con este tipo de harina que se amasa el poujadismo.
El problema de los subsidios
Si la dependencia existe internalizada a todos los niveles es obvio que en el campo de las ciencias sociales los subsidios extranjeros son sólo su indicador más notorio pero no agotan en absoluto el problema. No cabe ninguna duda que, globalmente, la política de subsidios es un instrumento de penetración imperialista. Pero advirtamos, ante todo que —demostrando la aludida internalización— no son únicamente instituciones privadas las que los reciben: cuentan con subsidios extranjeros desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas hasta el mismo Consejo Nacional de Desarrollo, pasando por la Universidad de Buenos Aires. Y subrayemos, después, que o se está haciendo un puro chiste demagógico cuando se habla de «neocolonialismo» o es necesario reconocer que, con o sin subsidios, es por último dependiente en mayor o menor grado toda la estructura de poder argentina.
Para los voceros de un nacionalismo burgués limitado y reaccionario, es natural que en esta materia lo único cuestionable sean los subsidios. Como los malos están afuera y los buenos, adentro, para estos singulares antimperialistas no es problema trabajar en la «nueva» Universidad depurada, ni en CONADE, ni en el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los fondos no provengan directamente de subsidios. (Dejo de lado aquellos de nuestros «censores» que, además, están trabajando con subsidios en CONADE o en algún Ministerio: éstos no merecen siquiera una réplica).
Para todo nacionalista auténtico y consecuente, en cambio, que sabe que los malos están afuera y adentro y que la dependencia afecta al sistema en su conjunto, la cuestión de los subsidios queda englobada en otra más amplia e importante: la factibilidad misma de la investigación en ciencias sociales en el seno de instituciones legitimizadas por un orden constituido dependiente.
No hay aquí ni escamoteo ni argucia posible: el interrogante abarca tanto a quienes trabajan directamente con subsidios extranjeros como a quienes lo hacen indirectamente; y no lo pueden eludir, por más que intenten fabricar chivos emisarios o cobijarse en cómodas actitudes «profesionales», los que cobran sueldos de la Universidad intervenida o del CONADE o de algún Ministerio.
El punto es arduo y debe ser asumido como tal. Lo que sostengo es que se trata de una cuestión empírica, que exige análisis concretos en cada coyuntura histórica particular. En términos generales, es cierto que no es posible conducir investigaciones sociales independientes en un contexto institucional dependiente. Pero esta es una ley de tendencia y, como tal, admite casos desviados que se apartan de la tendencia aunque de ninguna manera la desvirtúen.
Después de todo, Marcuse escribió El hombre unidimensional subsidiado por la Fundación Rockefeller; Isaac Deutscher recibió de la Fundación Hoover las facilidades que le permitieron realizar sus monumentales obras: Las biografías de Trotsky y de Stalin; y Paul Baran era profesor titular de la aristocrática Universidad de Stanford. Esto no implica postular el otorgamiento de «patente de libre corso» a sedicentes investigadores progresistas. La prueba de su progresismo debe estar dada permanentemente por su conducta, por las garantías conque rodean su trabajo, por los temas que eligen, por la forma en que los definen, por el modo en que diseñan sus estudios, por el uso que hacen de sus datos y por su intransigencia ante cualquier tipo abierto o solapado de censura. (Un sociólogo íntegro como Miguel Murmis —y lo cito porque la pequeña infamia ha querido ensañarse con él—, trabaja eficazmente como investigador principal del Proyecto Marginalidad y, a la vez, ha sido uno de los pocos profesores de la Universidad de Buenos Aires que en 1964 rindió homenaje a los guerrilleros caídos en el Norte del país; fue expulsado en 1966 de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) —a la que no quiso renunciar— por haberse negado a tomar exámenes con la policía presente; y acaba de producir —a pedido de la C.G.T. (Paseo Colón)— un valiente informe sobre la situación de los trabajadores del azúcar en Tucumán).
Los requisitos son claros y han sido los que fijó de manera ejemplar el Proyecto Marginalidad:
a) estudio de asuntos seleccionados por los investigadores mismos, en términos de su interés científico y de su importancia para un mejor conocimiento de la realidad;
b) plena libertad académica para estructurar el objeto de análisis, para diseñar la investigación y para establecer las técnicas de observación a emplear;
c) completa autonomía científica en las distintas etapas del trabajo;
d) anonimidad estricta de los datos que se obtengan, los cuales deben ser absolutamente públicos y estar bajo el control exclusivo de los investigadores.
Yo desafío que alguien me pruebe que en América Latina existe en este momento un solo estudio —subsidiado o no— que satisfaga mejor estas condiciones que el proyecto Marginalidad.
Se dirá que hay demasiadas fuerzas de signo contrario empeñadas en que exigencias elementales como éstas no lleguen a efectivizarse. Yo sería el último en negarlo. Aquí se abre la disyuntiva que debería ser el nudo de un debate legítimo, interesadamente ensuciado por los aventureros que ni están en condiciones de intervenir en él ni quieren en verdad que prospere.
Creo tan auténtica una posición de rechazo a priori como otra de prueba empírica de la factibilidad. Yo me inclino, por ahora, por estas últimas dos razones básicas:
a) porque lo que está en juego —la posibilidad de elaborar un conocimiento real de la situación que permita cambiarla— me parece suficientemente significativo como para no descartar de entrada ninguna oportunidad seria, ningún resquicio inclusive, que ayude a lograrlo; y
b) porque es también importante ir desenmascarando cada vez, en la acción misma, a los presuntos partidarios de la libertad de investigación que sirven de instrumento dócil para liquidar iniciativas verdaderamente independientes.
Los sables florentinos llevaban una inscripción: «Non te fidar de me si te manca il cuer» (No te fíes de mí si te falta corazón). Por detrás de los restantes requisitos, ésta es la condición básica de un enfoque como el que sostengo. Se trata de coyunturas complejas por definición, que no admiten la comodidad de fórmulas simples. (Conviene recordar que, para el maniqueísmo de los marxistas dogmáticos, en 1957/8 el Movimiento 26 de Julio era un instrumento de la CIA porque contaba con apoyo norteamericano).
Es de la medida del compromiso y de la integridad del intelectual que depende que ocurra o no la tan cacareada «entrega voluntaria de información al enemigo», fórmula que acaba de servir de coartada para la mediocridad de quienes nunca han conseguido construir una información válida y que jamás arredró a pensadores auténticamente progresistas.
No es juego para tontos ni para venales ni para cobardes. «Hacer» ciencias sociales en nuestro continente es enfrentarse muy seguramente con el ataque de la derecha; y muy probablemente, con las infamias que puedan destilar algunos grupitos seudo-izquierdistas y seudo-nacionalistas, que pretenden hacer pasar una torpe prosa denuncista por literatura revolucionaria. En este sentido, la campaña contra el proyecto Marginalidad cobra valor de símbolo y su tono anuncia el propósito de exacerbar una irracionalidad y un antiintelectualismo que han escrito páginas siniestras dentro y fuera de nuestro país. A cada estudiante le toca desde ahora ir tomando posición.
Noviembre de 1968
